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Bajándole el moño al CNM (Análisis- La República)

Chimbote en Línea (Política- Nacional).-Hoy se reúne el pleno del Tribunal Constitucional (TC) para reconsiderar su traumática decisión de sustituir al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en nombramientos prominentes en el Ministerio Público.El TC es criticado por decisiones invasivas, que se magnifican porque su composición debió ser renovada hace varios años por el Congreso.

La semana pasada designó fiscal supremo a Mateo Castañeda, excediéndose en sus atribuciones de acuerdo con una amplia mayoría de juristas, y creó plazas para no perjudicar a dos magistradas, cuyo nombramiento anuló. La creación de plazas tampoco le compete al TC, aunque sí puede anular —como ha hecho— nombramientos que juzga inconstitucionales.

Pero por lo menos le ha bajado el moño al CNM, un aspecto poco destacado. El TC anuló la designación como fiscales supremas de Zoraida Ávalos y Nora Miraval, porque al hacerlo el CNM incumplió órdenes que preservaban estándares del debido proceso respecto de otros magistrados que tenían  a su favor sentencias con calidad de cosa juzgada.  El CNM no quiso cumplirlas o lo hizo a medias. El componente de la decisión del TC que anula los nombramientos no es considerado írrito, dado que, por dura o discutible que sea la medida, corresponde a sus atribuciones. Ávalos y Miraval hicieron posible el nombramiento de Carlos Ramos como Fiscal de la Nación. Existe suficiente evidencia de que el CNM las nombró con ese propósito y que aceleró el proceso para evadir requerimientos reiterados del TC.   

En un abuso de su autonomía, el CNM ha ido quitando y poniendo magistrados con motivaciones fútiles. Aunque muchos nombramientos parecen merecidos, otros no, y existe una amplia desconfianza entre los postulantes, sentimiento que es palpable en los ámbitos de la administración de justicia. Desde el 2009, se consolidó un grupo operador para propiciar el control del Ministerio Público que organiza la parcialidad de la mayoría de los cinco fiscales supremos que nombran al jefe de la institución cada tres años.

El arte consiste no en nombrar al Fiscal de la Nación sino a sus electores. Aunque una conspiración de este tipo no es ilegal, hay suficientes indicios de que es sistemática (El Informante 19.11.13 y 21.1.14), lo cual pervierte el sistema.

El primer fruto de la concertación fue el nombramiento de José Antonio Peláez en 2010, para lo cual fue nombrado como fiscal supremo Carlos Ramos —le pusieron una nota sobresaliente a su currículo y a su exposición para que quedara en segundo lugar en el cuadro de méritos—, y Gonzalo Chávarry, un magistrado probo, amigo de Peláez,  quien votaría naturalmente por él. Chávarry estaba en el quinto lugar. Ramos hizo un pacto de acero con Peláez. Este le devolvería el apoyo para que fuera su sucesor.

De todos modos, en 2011 esta componenda no fue objetada porque, al fin y al cabo, es parte de la discrecionalidad del CNM. Además, los otros dos magistrados que estaban en los primeros lugares, César Hinostroza y Mateo Castañeda, tenían objeciones públicas de diversa índole y cada uno su propio grupo de enemigos con acceso a la prensa, objeciones que finalmente, de manera defectuosa, recogió el CNM para descartarlos.

En la larga batalla que ambos han dado por separado, primero ante el Poder Judicial, que no los amparó, y luego ante el TC, arguyen que ninguna de las culpas que se les atribuyen tiene acogida firme en las instancias que debieron investigarlos. Esto es tema de gran controversia, pues para diversos sectores de opinión, tanto Hinostroza (porque sería corrupto) como Castañeda (porque habría favorecido al gobierno aprista en el caso Business Track) están bien desplazados. Pero hay una cuestión previa: ¿puede el TC controlar el debido proceso de las evaluaciones del CNM? Tomar posición a partir de los nombres saca del foco la naturaleza del conflicto entre ambas instituciones.

Ante los recursos de Hinostroza y Castañeda, desde el 2011 el TC ha dado repetidas sentencias para que, en nuevas votaciones, el CNM respetara  los cánones de su propio reglamento, en el que el orden de méritos no podía ser ignorado sin adecuada justificación. Estos cánones los estableció el CNM cuando en 2009 se descubrió que uno de sus miembros hacía arreglos por lo bajo con un postulante. En suma, los méritos debían ser una referencia fundamental, salvo una razón de fuerza debidamente explicitada. Los consejeros volvieron a votar varias veces, pero sus fundamentos en ambos procesos fueron desvirtuados por el TC desde sus primeras sentencias.

El juez de ejecución Hugo Vélasquez requirió  a los consejeros hasta en cuatro oportunidades a fin de que cumplieran estrictamente con lo resuelto por el TC en sentencias firmes. Velásquez actuaba con una espada de Damocles sobre su cuello, pues al mismo tiempo era evaluado por el CNM para ser nombrado juez especializado titular. En el camino se terminó el mandato de Peláez y empezó la componenda para nombrar a Carlos Ramos.

En este punto, en diciembre del 2013,  el juez Velásquez  dictó una resolución suspendiendo el concurso que el CNM convocó para llenar una plaza de fiscal supremo. Lo hizo como juez ejecutor de una decisión del TC, para preservar la sentencia que favorecía a Hinostroza y a Castañeda.  Pero el CNM no aceptaría que el TC le dijera cómo votar y, por otra parte, debía asegurar la elección de Ramos como Fiscal de la Nación. 

De modo que ignoró la resolución y continuó con el concurso, designando a Ávalos. Cuando Hinostroza y Castañeda reclamaron ante el nombramiento, el juez Velásquez consideró que la posición de esta nueva fiscal suprema  no podía ser afectada —era una tercero ajeno al proceso— y rechazó el pedido. Entonces los reclamantes recurrieron al TC. Así Castañeda obtuvo la reciente decisión de ser nombrado directamente. Luego renunció Gladys Echaíz y llenaron su plaza con Miraval. 

En el TC hay unanimidad en el criterio de que el CNM no está exento del control del debido proceso y de que debe acatar las decisiones del TC al respecto. Pero en un punto determinado de la controversia, el presidente del TC, Oscar Urviola, consideró que la última votación del CNM ya había satisfecho las órdenes del tribunal. Otro tanto ocurrió con Fernando Calle. Juan Vergara considera en parte cumplidas las exigencias. Los restantes miembros —Gerardo Eto, Ernesto Álvarez, Carlos Mesía— opinaron que había un desacato total, y sustituyeron al CNM, estimando que la Constitución les da atribuciones para reparar una infracción ante una situación de desacato.

Hoy martes Urviola planteará que el asunto sea visto en una sesión plenaria, donde votan los seis integrantes. Tiene voto dirimente. Una posibilidad es que los tres magistrados que suscribieron el acuerdo insistan en su voto y que los otros tres planteen la anulación. En este caso, dirime Urviola a favor de estos últimos, con lo que el TC no habría resuelto nada: se mantendrían

Ávalos y Miraval en sus cargos y los reclamantes tendrían que reclamar en otras instancias. Si Urviola pierde, la resolución tendría que cumplirse y Ávalos y Miraval se quedan sin sus cargos. Tercera eventualidad: el TC se abstiene. Considerando que cinco de sus seis miembros ejercen el cargo por un tiempo que excede largamente  su mandato, deciden que sea el nuevo TC el que resuelva todo el problema. Esto dejaría varias preguntas: ¿por qué otras decisiones del TC no se dejan también para entonces? ¿Y si el Congreso se demora dos o tres años más?

La cuarta es que voten anulando los nombramientos de Ávalos y Miraval, pues aparentemente todos están de acuerdo en que son ilícitos, y se abstengan de resolver en materia de juramentación de nuevos magistrados y creación de plazas. Los miembros del TC se librarían de  la acusación de haber avasallado al CNM e insistirían en el asunto de fondo, fijando reglas precisas al juez. Por supuesto hay otras posibilidades. El TC hasta podría anular el nombramiento de Ávalos y Miraval, y también declarar nulos todos sus actos. De ese modo se invalida la elección de Carlos Ramos, que carece de legitimidad para el cargo.  Pero eso podría hacerlo un TC con mayor fuerza. En estas condiciones, un cambio verdadero se producirá cuando, como en La Repartija, buena parte de la sociedad y toda la prensa tomen conciencia de la gravedad de la debacle institucional existente. (Por: Ricardo Uceda- La República)