Chimbote en Línea (Por: Otra mirada) La posibilidad de privatizar la empresa nacional de hidrocarburos, PetroPerú, vuelve al debate. Luego de veinte años de iniciadas las primeras acciones para privatizarla, y cuando su efecto negativo se deja sentir en la economía nacional, se pretende cambiar las reglas de juego ya dispuestas por ley.

En 15 años, la producción de barriles de petróleo diarios bajó casi en 50%, pasando de 118 mil a solo 67 mil barriles por día (MBD). Como nuestro consumo interno de petróleo es de unos 200 (MBD) de petróleo, se genera la necesidad de importar unos 135 (MBD).

Humberto Campodónico, economista y ex presidente de PetroPerú, afirma que el objetivo de modernizar y fortalecer a la empresa estatal está sólidamente instalado en los países de América Latina, pues todos tienen una empresa que incursiona en toda la cadena del negocio petrolero. PetroPerú puede ser la gran oportunidad para el desarrollo energético nacional si se garantiza una buena inversión pública y privada, y una administración eficiente que le permita generar competitividad y rentabilidad.

Hoy, el 85% de las reservas mundiales de petróleo pertenecen a empresas estatales. Es más, de las 20 primeras empresas petroleras del mundo, 15 son estatales. Sólo aquí, el 61% del petróleo peruano lo producen empresas estatales extranjeras.

La inversión privada es bienvenida para afianzar la competitividad de PetroPerú y su desarrollo futuro. Por esa razón, en diciembre de 2011, mediante la Ley 28917, se acordó que hasta el 20% de su accionariado podría ser colocado en la Bolsa de Valores. Cuando se eligió este camino de colocar un porcentaje de acciones en la bolsa debió terminado el proyecto a largo plazo de dicha empresa sino no existiría negocio atractivo para que los futuros accionistas encuentren interés en adquirir unas acciones que no tendrían mayor rentabilidad que la de un 4% que es el margen que deja la refinación, que es a lo único a que se dedica la empresa hoy.

Por lo tanto, es indispensable que PetroPerú recupere su capacidad de explotación de los lotes petroleros concesionados y que sus contratos hayan vencido y que no exista ningún riesgo; y también, del lote Nº 64 (ExTalismán). Este negocio sí tiene márgenes de ganancia que producen la renta de la producción de petróleo.

Sin embargo, el Ejecutivo ha enviado un Proyecto de Ley al Congreso en la que se permite solo señalar que la modernización de la Refinería de Talara sirve para preservar la calidad del aire y la salud pública y su gobierno corporativo y no para desarrollar una política moderna de una empresa petrolera como que existe en los países más desarrollados en donde el Estado conserva participación mayoritaria, para conseguir esta fuente tan importante de energía para el país, participando en toda la cadena productiva de la industria petrolera.

Este Proyecto de Ley ordena que PetroPerú contrate con un Banco de Inversión para vender hasta el 49% de las acciones en su artículo Nº 3, y en su artículo Nº 6 no permite realizar actividades y Proyectos de inversión hasta que genere los flujos suficientes para garantizar el pago del endeudamiento a ser contraído para mejorar la calidad del aire y la salud pública y que se haya vendido un mínimo del 40% del capital social en circulación.

Deshacerse del 49% de las acciones y entregarlas a inversionistas muy extraños que deberán encontrarse, ya que no existiría rentabilidad en los próximos 7 años que es el tiempo en que debe repagar su endeudamiento, retrasa el desarrollo de la primera empresa estatal del país: PetroPerú.

Gobiernos anteriores quisieron deshacerse de activos más importantes en los sectores de electricidad, agua, servicios financieros y energía pero no lo lograron. El gobierno nacionalista de Ollanta Humala sí lo estaría logrando: ¿qué paradoja no?