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Ministro del Ambiente invoca mayor acción del PJ contra la minería ilegal

Chimbote en Línea (Especiales).-  Una invocación al Poder Judicial para luchar de manera más eficiente contra la minería ilegal, formuló hoy el ministro del Ambiente, Javier Pulgar-Vidal, al recordar que hay millares de denuncias en torno a este delito que hasta el momento no son atendidas.

“Necesitamos seguir invocando al Poder Judicial que establezca medidas concretas. Lamentablemente el Gobierno nacional no puede entrar en las cuestiones judiciales, y a nivel del Poder Judicial, especialmente del Ministerio Público, hay centenares y hasta millares de denuncias por minería ilegal que no son atendidas”, expresó.

Alertó que esas denuncias enfrentan dificultades en su resolución porque son presentadas en regiones como Madre de Dios, donde la presencia de la minería ilegal es abrumadora y las posibilidades de corrupción “son muy altas”.

Si bien reconoció que la lucha contra esta actividad ilegal “es complicadísima”, dijo que el Gobierno continuará persistiendo porque alrededor de la minería ilegal se generan otros delitos, como la prostitución ilegal, evasión tributaria, explotación infantil, depredación ambiental, etc.

“No hablemos de jueces como genérico porque hay jueces muy honestos, hay instancias judiciales que funcionan correctamente. Pero cuando hay minería ilegal, las posibilidades de corrupción son muy altas, y al Estado le toca elaborar mecanismos que eviten que estas situaciones de corrupción se presenten”, comentó.

Por ejemplo, recordó que en un programa periodístico de televisión se presentaron imágenes del presidente de la Corte Superior de Madre de Dios, John Hurtado Centeno, transportando en su vehículo a mineros ilegales.

A fin de evitar esas situaciones, el titular del Ambiente anunció que solicitará un encuentro con el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, para proponer algunas medidas que afinen la estrategia judicial contra los mineros ilegales.

“En el tema judicial hay que hacer dos cosas: primero, cambiar la jurisdicción para que se procese los casos en Lima; y segundo, que nos concentremos por lo menos en capturar una mafia, al menos se sabe cuáles son”, mencionó.

REGIONES Y COMISIONADO CONTRA LA MINERÍA ILEGAL

Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Javier Atkins, anunció que las regiones del país trabajarán de manera estrecha con el alto comisionado que designó el Gobierno para asuntos de interdicción de la minería ilegal.

En diálogo con la Agencia Andina, manifestó que solicitarán al Gobierno mayor información sobre el nombramiento del comisionado y sus funciones, para luego brindar las iniciativas correspondientes, con el fin de coordinar las acciones contra estas actividades.

“Sí, esperamos que haya una convocatoria a las regiones o sino lo pediremos, porque queremos hacer un trabajo conjunto con el Gobierno y el alto comisionado contra la minería”, manifestó.

Recalcó que el Gobierno Central tiene las herramientas y el presupuesto necesario, además de las iniciativas, para coordinar con la Policía Nacional y las regiones, para que este tipo de actividades no se extiendan a zonas del territorio nacional.

Mencionó que en Piura el problema de la minería ilegal es álgido, ya que afecta de manera seria al medioambiente de su región por el uso de elementos químicos que ponen en peligro los ríos y quebradas.

Dijo que de contaminarse las fuentes de agua pondría en grave riesgo la productividad de zonas como Tambogrande y otros campos agrícolas donde se producen limón y mango de exportación.

El titular de la región Piura manifestó que la minería ilegal no sólo pone en peligro el medioambiente sino también evidencia un mayor número de delincuencia, trata de personas y trabajo infantil.
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a Enrique Álvarez Mendoza alto comisionado en asuntos de formalización de la minería, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental.

Álvarez asumirá las funciones de coordinación y supervisión de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal que ejecuta el Estado.  (Fuente: Andina)