Informe: denuncias por corrupción en gestión de César Álvarez comprometen S/. 1,000 millones

Chimbote en Línea (Anticorrupción - Fuente: La República)  Durante su gestión como presidente regional de Áncash, entre 2007 y 2013, recibió 1,842 millones de soles como concepto por canon minero. Según la Contraloría General de la República y la Procuraduría Anticorrupción, las denuncias por presuntos actos ilícitos en adquisiciones y contrataciones de obras públicas durante el periodo de César Álvarez Aguilar son por un monto que supera el 50% del canon.

 

Trece casos de presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios de la Región Áncash, entre ellos al presidente César Álvarez Aguilar, se encuentran estancados o avanzan con sospechosa lentitud en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Contra César Álvarez se han presentado 35 denuncias, y ha conseguido librarse de 23. El mismo destino podrían seguir la docena de casos que están pendientes de resolución. En la mayoría de casos, las autoridades fiscales y judiciales desestimaron las acusaciones por la supuesta carencia de pruebas.

Desde el 2007, en que inició su primera gestión como presidente del Gobierno de la Región Áncash, hasta el 2013, el penúltimo año de su segundo periodo, César Álvarez ha recibido por concepto de canon minero 1,842 millones de soles, sin contar el canon hidroenergético (18 millones 642 mil) y el canon pesquero (15.5 millones de soles) en el mismo periodo.

Las investigaciones en curso por presuntos actos de corrupción abarcan contrataciones u obras públicas por cerca de 1,000 millones de soles . Es decir, más de la mitad de lo que ha recibido el gobierno de la Región Áncash durante el mandato de César Álvarez.

El ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos en reiteradas oportunidades afirmó que César Álvarez se zafó  de las denuncias por su cercanía con las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial.

En una reciente inspección de la Procuraduría Anticorrupción en Áncash, detectó que los casos contra César Álvarez siguen el mismo patrón de archivamiento por presunta falta de pruebas, y, en no pocos procesos, los fiscales o jueces que tuvieron en sus manos los expedientes recibieron amenazas de muerte o fueron objeto de alguna forma de amedrentamiento.

Álvarez delegó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) la contratación de obras públicas  por 840 millones de soles. La OEI cobra un porcentaje por su intervención. Su participación no es gratuita.

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría Anticorrupción y de la Fiscalía Anticorrupción de Áncash, el presidente de la Región Áncash recurrió a la OEI para presuntamente evadir la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Precisamente, en una reciente intervención pública, el contralor Fuad Khoury señaló que Álvarez ha destinado alrededor de 3 mil 500 millones de soles en la ejecución de obras públicas, y que de ese total 1,000 millones están comprometidos en denuncias por corrupción.

Khoury mencionó que la Región Áncash gastó 3 millones de soles en una campaña contra el dengue, pero curiosamente en esa región no existe el vector que contagia la enfermedad.

CAJERO AUTOMÁTICO

Entre las licitaciones de las que se encargó la OEI se encuentra el mejoramiento de pavimentación de las carreteras Caraz-San Luis y Carhuaz-Chacas, así como la construcción del hospital La Caleta, en Chimbote,  por 177 millones de soles. En este último caso, la OEI adjudicó la obra a una compañía con problemas legales.

En todos los casos, César Álvarez manifestó que las denuncias no tenían fundamento y que por eso o la Fiscalía de la Nación o el Poder Judicial las desestimaba.

En la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa se encuentra el caso del Proyecto Especial Chinecas.

Se le atribuye a César Álvarez el presunto delito de peculado, por haber autorizado el desembolso de 17 millones de soles para financiar la elaboración del expediente técnico del proyecto, que se le encargó al Consorcio Internacional Chinecas. Según la Procuraduría, el monto abonado es excesivo.

Respecto al proyecto denominado Mejoramiento de los servicios de Salud del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, la investigación se ventila en la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

César Álvarez y funcionarios del gobierno regional de Áncash enfrentan denuncia penal por los supuestos delitos de peculado y colusión por haber asignado un presupuesto sobrevalorado para la habilitación de la obra en Carhuaz.

La rehabilitación del Estadio de Rosas Pampa, ubicado en Huaraz, es otro de los proyectos más cuestionados de la gestión de Álvarez. La obra se ejecutó a un coste de 35.2  millones de soles. Sin embargo, un peritaje dispuesto por la Contraloría General de la República concluyó que se pagó en exceso 2.8 millones de soles.

Por otra parte, los técnicos que evaluaron el estadio descubrieron una serie de deficiencias en el diseño y la construcción, como la reducción en un 25 por ciento del tamaño proyectado, lo que a los espectadores de las últimas filas del segundo nivel de la tribuna les impide ver la totalidad del campo de juego.

Algo similar ocurrió en la adquisición de ambulancias también por 16 millones de soles. Un peritaje practicado por la Contraloría General de la República determinó que el Gobierno Regional de Áncash compró vehículos que no garantizaban la vida de los pacientes y que pagó 45 por ciento más de su verdadero valor, lo que arroja un pago de más de 7 millones 584 mil soles.

Las autoridades han tenido serias dificultades para que los casos avancen.

"Todos los casos tanto de Áncash como del Santa son emblemáticos porque estamos hablando de montos considerables de recursos públicos. Se trata de obras públicas sobrevaloradas e incluso mal construidas, con serias deficiencias técnicas", explicó a La República el procurador anticorrupción de Áncash, Richard Asmat.

"Se han detectado varias  sobrevaloraciones porque se han realizado comparaciones  con otros gobiernos regionales que han efectuado adquisiciones similares y ha costado mucho menos. Y porque existen peritos que así lo han determinado", indicó.

Sin embargo, César Álvarez, en declaraciones a La República, ha manifestado que todas son acusaciones infundadas lanzadas por sus enemigos políticos porque se aproximan las elecciones regionales.

La defensa de Álvarez consiste en que el Ministerio Público o el Poder Judicial lo han exonerado o apartado de los procesos.

Pero el procurador anticorrupción Richard Asmat sostiene que en muchos casos esas resoluciones son discutibles.

"Nosotros en todos los casos hemos solicitado determinadas diligencias que permitan esclarecer los hechos. Por ejemplo, hemos llegado incluso a requerir al mismo Gobierno Regional de Áncash  la documentación pertinente. Y cuando el Ministerio Público ha archivado los casos, los hemos apelado. Pero no ganamos en todo. Hay varias investigaciones que se han estancado o diluido y eso favorece a los denunciados", señaló.

Contraloría quiso parar el uso de la OEI

En el 2009, la Contraloría General de la República detectó el uso extensivo de gobiernos regionales como Áncash de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la licitación de millonarias obras públicas, como una forma de evadir la fiscalización.

En el 2010 la Contraloría presentó un proyecto para que los organismos públicos no utilicen a la OEI como un mecanismo de evasión del cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Congreso desestimó el proyecto de ley que iba a poner fin al abuso del recurso de la OEI.
Los gobiernos regionales de Áncash, Cajamarca, Callao, Cusco, Loreto, La Libertad, Pasco y Junín han usado los servicios de la OEI, al igual que la Municipalidad de Lima en tiempos del alcalde Luis Castañeda.

 

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