Chimbote en Línea.- La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la prisión preventiva contra Pedro Castillo, por lo que el exmandatario continuará recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, debido al proceso penal que afronta por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

 

El Tribunal Supremo declaró “infundado” el recurso de apelación presentado por el expresidente contra la resolución del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, emitida el 25 de junio, que desestimó el pedido de su defensa para poner fin a la prisión preventiva y reemplazarla por comparecencia con restricciones en el proceso que enfrenta por dicho proceso penal.

 

La defensa de Castillo cuestionó la participación de fiscales adjuntos en audiencias que, según alegó, correspondían únicamente a fiscales supremos designados por el Fiscal de la Nación, lo que a su criterio afecta la validez procesal del órgano acusador al no estar conformado de acuerdo a ley para este juicio.

 

Sin embargo, la sala suprema ratificó la resolución del juez Checkley Soria al concluir que no existe irregularidad en la participación de fiscales provisionales o adjuntos, por lo que no corresponde anular lo actuado ni retrotraer el proceso a etapas iniciales.

 

Presidido por el juez supremo César San Martín, el tribunal recordó que el artículo 154, numeral 4, del Código Procesal Penal (CPP) prohíbe reponer el proceso a fases ya superadas. Por ello, concluyó que los fundamentos del recurso de apelación “no pueden prosperar”.

El colegiado supremo precisó además que el levantamiento de la prisión preventiva solo procede cuando surgen nuevos elementos de investigación o prueba que evidencien la inexistencia o la desaparición de las razones que motivaron su aplicación, siendo en ese caso reemplazado por la medida de comparecencia, conforme al artículo 283, inciso 4, del Código Procesal Penal (CPP).

 

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó una condena de 34 años de prisión para Pedro Castillo, además de 3 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer función pública, al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave alteración del orden público en perjuicio del Estado y la sociedad.

Pedro Castillo también enfrenta una orden de prisión preventiva dentro de la investigación preparatoria en su contra por presuntos delitos de organización criminal y otros, en perjuicio del Estado, relacionados con los casos acumulados de Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.(Fuente diario Correo)