Chimbote en LLíne.- El Poder Judicial evaluó este jueves el pedido fiscal de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado de haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua.

 

Tras escuchar a las partes, el juez Víctor Alcocer suspendió la audiencia hasta el viernes 27 de junio a las 9:00 horas, para continuar con la réplica, dúplica y la intervención de Vizcarra.

El exmandatario fue convocado nuevamente de manera presencial. El proceso busca determinar si se aplica la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

 

Al llegar, el exjefe de Estado saludó a los presentes afuera del recinto antes de dirigirse al interior para participar en la audiencia.

 

La audiencia, inicialmente programada para el 25 de junio, fue suspendida por el juez Víctor Alcocer Acosta, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tras aceptar un pedido del abogado defensor de Vizcarra.

 

El jurista argumentó que su defendido se encontraba en la región San Martín y necesitaba más tiempo para preparar su defensa.

 

Durante la sesión del miércoles, el exmandatario participó de manera virtual, pese a que el magistrado había dispuesto su presencia física.

 

Sobre el requerimiento de prisión preventiva, Vizcarra se defendió en redes sociales, afirmando que este “no busca justicia, busca silenciarme”.

 

Antecedentes del caso

 

La investigación contra Vizcarra se remonta al 16 de octubre de 2020, cuando la Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra y otros implicados –entre ellos exfuncionarios de las empresas Obrainsa e ICCGSA– por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.

El caso avanzó con las declaraciones de dos colaboradores eficaces, quienes revelaron irregularidades en las licitaciones. El 16 de diciembre de 2022, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, presentó un requerimiento acusatorio de 800 folios contra Vizcarra por cohecho pasivo propio, solicitando 15 años de prisión, 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de S/151,580.

 

Proceso judicial y medidas restrictivas

 

El 4 de enero de 2024, el Poder Judicial impidió la salida del país de Vizcarra por 12 meses para asegurar su presencia en el juicio. Posteriormente, el 5 de febrero, se archivaron los cargos por asociación ilícita y usurpación de funciones, pero el 3 de mayo se autorizó el juicio oral por cohecho pasivo propio.

 

El proceso se instaló el 28 de octubre de 2024, con el Ministerio Público manteniendo su pedido de 15 años de cárcel. El 17 de febrero de 2025, la Sala Penal de Apelaciones extendió por seis meses más el impedimento de salida del país, vigente hasta el 4 de julio de 2025.

 

Ante el vencimiento de esta medida, la fiscalía solicitó el 24 de junio la prisión preventiva por seis meses, argumentando el riesgo de fuga. El juez Alcocer reprogramó la audiencia para este jueves, luego de que el fiscal Juárez Atoche insistiera en la presencia física de Vizcarra.

 

Los cargos: sobornos en licitaciones

 

Según la acusación, Vizcarra habría recibido sobornos de dos empresas constructoras. En el caso de Lomas de Ilo, el fiscal sostiene que, en noviembre de 2013, el entonces gobernador se reunió con Elard Tejeda Moscoso (Obrainsa) para ofrecerle información privilegiada a cambio del 2% del costo directo de la obra (S/1,016,212.76). El contrato se firmó en diciembre de ese año.

 

Respecto al Hospital de Moquegua, se acusa a Vizcarra de solicitar un “donativo indebido” de S/1.3 millones al consorcio Hospitalario Moquegua (ICCGSA e INCOT) para no objetar la buena pro. El pago se habría materializado tras el primer adelanto de la obra. En total, la fiscalía calcula que el exmandatario recibió S/2.3 millones en coimas.(Fuente diario Correo)